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Ecuador: La batalla de agosto

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Se fortalece en Ecuador una oposición popular y de izquierda

 

Fernando López Romero

(de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores)

 

LA MARCHA INDÍGENA Y EL PARO NACIONAL DEL PUEBLO

Entre el 2 y el 2O de agosto cientos de miles de trabajadores: fabriles, de servicios; de desempleados; de indígenas y campesinos; de organizaciones de mujeres; maestros; jubilados; estudiantes; ambientalistas; artistas populares, se movilizaron y enfrentaron al gobierno de Rafael Correa en todas las provincias del Ecuador, incluida la provincia insular de Galápagos.

La movilización popular, que comenzó el día 2 en la sureña provincia fronteriza de Zamora, uno de los epicentros de la actividad minera transnacional a gran escala que promueve el régimen, recorrió durante varios días las provincias centrales del país promoviendo el Paro Nacional del 13 y conquistando la solidaridad de millares de personas que, durante su paso, la acompañaron en las carreteras, poblaciones y ciudades. La más importante concentración, 30.000 personas, se produjo durante el paso de la marcha por Latacunga, capital provincial ubicada en las goteras de la capital. En varios lugares, la marcha concitó también la hostilidad y la agresión de grupos de partidarios del gobierno, que habían sido organizados para el efecto desde semanas atrás por Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores, quien también realizó un intenso trabajo para contenerla por medio de la división de las organizaciones populares. La víspera del 13 de agosto, día en el que se había convocado a un Paro Nacional, el primero que enfrentaba el gobierno de Correa, la marcha llegó a Quito.

En el marco de las acciones del Paro Nacional y del llamado al Levantamiento Indígena, el 13 de agosto, desafiando las amenazas,  el hostigamiento y la represión, indígenas, obreros y pobladores cortaron carreteras y encabezaron mítines, plantones y marchas, en las principales ciudades del país. La más importante se produjo en Quito donde, al llamado del Colectivo Unitario de organizaciones sociales, más de 100.000 personas se movilizaron por las calles del centro de la ciudad; hay quienes hablan de hasta 150.000.

A pesar de la hostilidad de los partidarios del gobierno, acicateada por una intensa campaña propagandística realizada por el poderoso aparato mediático gubernamental utilizando recursos púbicos, en la que se acusó a los luchadores populares de golpistas y de instrumentos de la derecha, hasta el 13 la marcha y las movilizaciones tuvieron un talante pacífico. Pero ese día y en los posteriores el gobierno reprimió con violencia la lucha popular en Macas, provincia de Morona Santiago, en Saraguro, en la provincia de Loja, en la El Chasqui, provincia de Cotopaxi, en Quito y en otros lugares. Un signo del miedo, de la prepotencia y de la intolerancia oficial fue la presencia, al frente de la policía y desafiando a los manifestantes en El Chasqui, cerca de Quito, del propio Ministro del Interior José Serrano, otrora abogado de Derechos Humanos. Durante la marcha hacia Quito y en las movilizaciones de ese día fue notoria la actividad de provocadores infiltrados por el gobierno, que como en las marchas de noviembre del 2014 y de marzo del 2015 fueron quienes iniciaron los enfrentamientos con la policía que resguardaba la Plaza de la Independencia y el Palacio de Gobierno. En estos enfrentamientos Salvador Quishpe y Carlos Pérez Guartambel, importantes dirigentes indígenas, fueron víctimas de agresiones físicas, así como la periodista franco brasileña Manuela Picq que, acusada de participar en actividades políticas y de propiciar la violencia y rechazados sus argumentos jurídicos, fue prácticamente obligada a salir del país. Más de un centenar de manifestantes fueron detenidos durante ese día y en los posteriores.

La Batalla de Agosto no surgió de la nada. Menos aún de contubernios con sectores de la derecha. Es el resultado de un proceso de movilización autónoma iniciada por los sectores sindicales desde julio del año 2014 en contra de las reformas laborales impuestas por el gobierno, reformas que eliminan la libertad sindical, reducen las utilidades de los trabajadores sobre las ganancias de las empresas y eliminan el derecho de los trabajadores públicos a organizarse sindicalmente y a realizar huelgas. En julio, septiembre y noviembre del año pasado, y en marzo del presente, los sindicatos y otras organizaciones sociales realizaron marchas en las principales ciudades del país; las movilizaciones fueron creciendo en presencia social, hasta la impresionante marcha del Primero de Mayo. El 30 de mayo, el Colectivo Unitario anunció la realización de un Paro Nacional, al que en ese momento no se le puso una fecha definida.

En esas semanas de junio, los sectores medios comenzaron a movilizarse para rechazar las leyes de plusvalía y de herencia, anunciadas por Correa en su Informe a la Nación del 24 de Mayo y enviadas a la Asamblea Nacional para su aprobación. Durante varias semanas, dirigentes políticos de la derecha liberal tomaron la iniciativa y realizaron concentraciones y marchas contra el gobierno, siendo la más importante la liderada en Guayaquil por el Alcalde Jaime Nebot.

El 18 de julio, después de la visita del Papa, el Colectivo Unitario, integrado por el Frente Unitario de Trabajadores, La CONAIE, el ECUARUNARI, la Federación Médica Ecuatoriana y otras organizaciones sociales, retomó la iniciativa a través de marchas en las principales ciudades y con el anuncio del Paro Nacional del 13 de agosto. La CONAIE resolvió iniciar una marcha hacia Quito el 2 de agosto, que sería el inicio de un levantamiento indígena. En el Ecuador, “paro” no significa, como en muchos otros lugares paro de los patronos. Entre nosotros, por tradición, el paro ha sido la acción unitaria de las fuerzas populares en demanda de sus aspiraciones y derechos. Esta es una aclaración importante porque la propaganda del gobierno ha difundido internacionalmente la idea de una acción en la que los trabajadores fueron detrás de los empresarios para derribar al gobierno de Rafael Correa.

El gobierno ha perdido la credibilidad y ha pedido la calle. El Paro Nacional fue la respuesta a un diálogo trucado, promovido por el Gobierno de Rafael Correa para contener la movilización social. Trucado porque se realiza con la agenda impuesta por el Gobierno y solo con aquellos que están a favor del gobierno, no con los llamados opositores y los “violentos”.

Desde marzo de este año, la consigna que ha unificado a todas las oposiciones es “¡Fuera Correa, fuera!”. Pero esta consigna tiene varios sentidos. Para algunos sectores, especialmente de empresarios y de las clases medias, significa la aspiración de la renuncia de Correa o de su salida inmediata del Gobierno a través de cualquier medio, incluida una intervención de los militares. El movimiento popular y el Colectivo Unitario han sido muy claros: no se trata de echar a Correa, quien deberá terminar su período presidencial en el año 2017. Para el Colectivo Unitario, la dirección del movimiento popular, el grito “¡Fuera Correa, fuera!”, significa derrotar la política antipopular y antidemocrática del correísmo, de ninguna manera el apoyo a un posible golpe de Estado, que favorecería a la derecha no correísta y a los empresarios. La oposición de izquierda y el movimiento popular estamos por una salida democrática de la crisis política creada por la prepotencia y la incapacidad del correísmo, luchamos por el fortalecimiento de la unidad del pueblo y por un programa de transformaciones sociales y políticas profundas.

Para consumo de sus partidarios en el país y en el extranjero y para justificar la represión, el gobierno de Correa se ha esmerado en meter a toda la oposición en el mismo saco, y en afirmar que son sectores minoritarios del pueblo los que le están haciendo el juego a la derecha. El Colectivo Unitario por su parte, ha mantenido desde el comienzo una clara autonomía política y organizativa con respecto a la derecha. Ecuador no es Venezuela ni tampoco Brasil, donde la derecha lidera la oposición al colapso de los populismos de izquierda.

UNA VICTORIA PARCIAL MUY IMPORTANTE

La victoria de la lucha popular de agosto contiene varias victorias:

Es la victoria de una política de movilización y de autonomía, que ha adquirido desde el año pasado dimensiones nacionales; es la victoria de la unidad de los sectores populares, de sus organizaciones y dirigentes que han resistido durante casi una década la política de represión, clientelismo y de división que ha llevado adelante el gobierno; es una victoria de las mujeres y de los jóvenes; de los despedidos y perseguidos, de todos quienes han sido agraviados por un gobierno autoritario, que no ha impulsado ninguna transformación social y económica profunda.

La victoria más significativa se ha producido en la conciencia de importantes sectores de la población que, superando el chantaje ideológico gubernamental de que toda movilización y expresión de lucha es impulsada por la derecha, han plegado al llamado de  las organizaciones populares; que han perdido el miedo y comprenden la necesidad de la unidad y de la lucha.

La victoria popular de agosto contiene la derrota del Gobierno, y también de los líderes de la derecha anti correísta que intentan cooptar la lucha popular para sus intereses. El gobierno ha perdido credibilidad, se ha limitado seriamente su capacidad de iniciativa y crece su soledad con respecto a la sociedad a la que dice representar. Lejos están ya los primeros años, cuando pudo exhibir credenciales de izquierda y engañar a muchos.

Pero el correísmo no ha sido derrotado definitivamente; deriva cada vez más hacia la derecha y hacia los intereses de los empresarios, y prepara su retirada mientras enfrenta los efectos iniciales de una crisis económica cuyos costos intentará trasladar a los sectores populares, como ha ocurrido con otros gobiernos en el pasado. Los indicios de esto son claros: ajustes, despidos, leyes como la de la llamada Alianza Pública y Privada que son el camino hacia las privatizaciones, exenciones tributarias para las grandes empresas mineras, de telefonía y el capital financiero, mayor endeudamiento externo e interno.

El movimiento popular en Ecuador, que se unifica aceleradamente, defiende sus derechos, violentados por el Gobierno: los  derechos sindicales, de los pueblos indígenas, de los estudiantes, de las mujeres frente a un gobierno profundamente patriarcal y conservador, de los campesinos, los maestros, los trabajadores jubilados, entre las más importantes. Se trata de una plataforma de lucha que se ha constituido en varios años de luchas y resistencias parciales, que no ha sido escuchada por el Gobierno.

Los sectores populares también se han expresado en rechazo de las leyes de plusvalía y de herencias, profundamente demagógicas y que en realidad son otra estratagema de Correa para presentarse como izquierdista, pero la oposición a estas leyes no es el núcleo de la movilización popular.

En este momento, todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, rechazan las enmiendas constitucionales que pretende imponer el gobierno través de su mayoría en la Asamblea Nacional. Pero mientras la derecha se concentra en el rechazo a la enmienda que permitiría la reelección indefinida, la izquierda y el movimiento popular rechazan las 16 enmiendas, una por una y en paquete, porque atentan contra derechos fundamentales de los trabajadores y buscan una mayor concentración del poder del Estado frente a la sociedad, lo que permitirá a este gobierno (y a los que vengan después) reducir los espacios democráticos y reprimir a las luchas populares.

El pueblo sigue movilizado por la libertad de los luchadores populares. Para el 15 de septiembre se realizará en Quito una Asamblea Popular convocada por el Colectivo Unitario, y para el día 16 se realizarán marchas populares en todo el país. Estas acciones son la preparación de nuevas jornadas de lucha.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

En este agosto, el Gobierno de Correa y sus partidarios fueron arrinconados políticamente por el pueblo ecuatoriano en el Palacio Nacional, en la Asamblea Nacional y en las gobernaciones de provincias detrás de dobles y triples cercos policiales y militares.

 Frente al avance de la lucha popular el gobierno ha desplegado la represión contra el movimiento popular. Entre el 13 y el 26 de agosto fueron apresadas 132 personas en todo el país, 111 fueron puestas a órdenes de jueces y 21 fueron liberadas a las pocas horas. De los 111 detenidos, a 98 se les ha iniciado una instrucción fiscal y seis dirigentes nacionales y regionales del Colectivo Unitario tienen abiertas investigaciones judiciales. Los presuntos delitos de los luchadores populares son: obstrucción de servicios públicos, penado con prisión de 1 a 3 años; ataques o resistencias a la autoridad, con penas de 6 meses hasta 2 años; y el delito de sabotaje, con penas de 5 a 7 años de prisión. No hay que olvidar que estas penalizaciones tan fuertes ya han llevado a la cárcel a otros combatientes populares, y que son el fruto de un endurecimiento de la legislación penal, otra vieja aspiración de la derecha realizada por el gobierno de Rafael Correa.

El gobierno de Correa está reeditando formas de violencia política que parecían haber sido superadas en el Ecuador: agresiones físicas a los dirigentes, acoso judicial y utilización de grupos de choque en los que se ha denunciado la presencia de extranjeros y de antiguos pandilleros que ahora militan en las filas de las juventudes de Alianza País.

La escalada represiva del correísmo contra el movimiento popular y la izquierda comenzó en los primeros meses del 2007, y se expresó con fuerza en la brutal represión al pueblo de Dayuma en diciembre de ese mismo año. La violencia verbal y física se origina desde el más alto nivel del gobierno, y junto con la persecución judicial ha sido una constante durante todos estos años para reprimir como saboteadores, terroristas, violentos, conspiradores y subversivos a todos los que resisten a la modernización capitalista, que es la esencia del proyecto llamado Revolución Ciudadana. En la batalla de agosto pasado no solo se ha detenido a los luchadores populares, como dice el gobierno “en delito flagrante” en las calles, carreteras y plazas; también, como en Saraguro, se han allanado sus viviendas, y se han producido agresiones físicas y amenazas contra dirigentes sindicales y populares, antes y después de la marcha indígena y del Paro Nacional.

LA INDISPENSABLE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Las luchas que llevan adelante los trabajadores y los pueblos del Ecuador y las acciones futuras, requieren de la más amplia y militante solidaridad internacional. Un obstáculo para ello es la posición de una parte importante de la izquierda latinoamericana y europea, cuyos dirigentes e intelectuales cambiaron hace rato las banderas rojas por las alfombras rojas.

Lo que digan las Eva Golinger o los Ignacio Ramonet de cada comarca, no es motivo de mayor preocupación: hacen propaganda, ese es su trabajo, quizá su vocación, y es posible que hasta crean en lo que dicen, lo que no les exculpa de ninguna manera. Preocupa mucho más lo que sostienen muchos intelectuales de izquierda que conservan credenciales de haber estado durante mucho tiempo junto a las luchas populares. Un caso representativo es el comentario escrito hace poco por Emir Sader para www.alainetsobre la situación política de los llamados gobiernos progresistas de América Latina, en el que entre otros casos, en un párrafo, se refiere al Ecuador. Cito textualmente:

En Ecuador, dos medidas tributarias que el gobierno envió al Congreso que recaen sobre el 2% más rico de la población, llevó a que la oposición –juntándose, una vez más, sectores de la ultraizquierda con la derecha-, desatara una reacción amplia y violenta, hablando de un “levantamiento” en contra del gobierno. Apoyado en sectores minoritarios del movimiento indígena y sindical, la oposición se topó con grandes movilizaciones populares en apoyo al gobierno de Rafael Correa.

La versión de E. Sader, no solo que es impresentable sino que constituye un agravio para los luchadores sociales y para todos quienes en el Ecuador resisten a la modernización capitalista autoritaria. Palabra por palabra, está cocinada, refrita y recalentada del relato que han producido las agencias de propaganda oficiales, y que repiten los voceros gubernamentales, con Rafael Correa a la cabeza y que son coreadas desde por personajes descalificados como Daniel Ortega, o despistados como Evo Morales que ha dado la espalda a sus hermanos indígenas ecuatorianos, hasta por Maduro y la señora Fernández de Kirchner. Es la misma versión que difunde TELESUR y todo el entramado mediático de los llamados gobiernos progresistas de América Latina.

Tienen nuestra mano extendida para un diálogo y debate sobre lo que realmente está ocurriendo en Ecuador, todos los que sientan que la primera responsabilidad de los intelectuales comprometidos con los sectores populares y con los trabajadores es informarse adecuadamente. Las fuentes oficiales, que parecen constituir el único alimento de muchos antiguos compañeros, deben ser contrastadas con las innumerables fuentes alternativas a las que aún es posible acceder y que difunden información calificada. Está también la voz de nuestras organizaciones políticas y sociales, que no han sido creadas en las oficinas de ninguna dependencia gubernamental sino en décadas de intensas luchas populares.

 

Quito, 31 de agosto del 2015.



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